Entre la avalancha de medidas que al amparo de la “situación actual” –una expresión que tiene sentido en sí misma haciendo innecesario cualquier adjetivo- nos abruman cada semana, el pasado viernes se anunció una reforma del mercado del alquiler encaminada a fomentar su uso.
Flexibilización de los contratos, fortalecimiento de la seguridad jurídica, mejora del procedimiento de desahucio y establecimiento de incentivos fiscales, son los cuatro pilares sobre los que se asientan estas medidas.
Para ello y, como principales novedades, se plantean mejoras en las condiciones contractuales –mayor libertad de pactos-; reducción de los plazos de duración “obligatoria”; previsión de un sistema de revisión de la renta al margen del IPC, posibilidad de resolución anticipada por el arrendatario con la simple comunicación previa; recuperación de la vivienda por necesidad del arrendador, aunque no esté contemplado en el contrato; incremento de los efectos de la inscripción en el Registro y agilización del proceso de desahucio.
Tratándose de un Anteproyecto de Ley todavía tiene un largo camino por recorrer y no sabemos, por tanto, cómo será la redacción definitiva, pero estaremos muy atentos –y se lo contaremos- para ver si finalmente se consigue el propósito perseguido, pues la primera impresión a la vista de lo anunciado, nos obliga a ser cautos a la hora de augurar que estas medidas proporcionen una mayor seguridad jurídica, agilidad y equilibrio entre el propietario y el inquilino, y, en consecuencia, sirvan de aliciente para dinamizar este mercado.
